Nacional | Justicia
La Procuraduría Especializada de Prevención de la
Corrupción Administrativa (Pepca) está investigando el pago irregular de más de
12 mil millones de pesos entre febrero y julio del 2020, que se habría
efectuado en un entramado de corrupción encabezada por el exministro de
Hacienda, Donald Guerrero.
Primicia. El caso del pago fraudulento expropiaciones de 19 mil millones, es sólo uno de los aspectos expediente Donald Guerrero ; Abarca 4 aspectos diferentes sobrepasan en conjunto más de 100 mil millones. El robo del siglo !
— Vinicio Castillo (@VinicioSenador) August 29, 2022
La red involucró otras instituciones del Estado, como la
Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la
Dirección General de Catastro Nacional, la Tesorería Nacional, la Contraloría
General de la República y la Jurisdicción Inmobiliaria.
Según datos revelados por la periodista Julissa Céspedes en
su programa “Reporte Especial” que se difunde los domingos por CDN a las 9:00
pm, lo que dio pie a la investigación de las autoridades de la Procuraduría fue
un informe realizado por la Unidad Antifraude de la Controlaría General de la
República, en la actual gestión de gobierno.
Conforme la investigación, el entramado de corrupción para
sustraer bienes públicos se produjo a través de la expropiación de terrenos del
Estado.
“La unidad Antifraude establece en el documento que fue a
través de tres libramientos realizados entre abril y junio del 2020 que el
Estado pagó la suma de 505 millones, 81 mil 440 pesos, dos de estos fueron
realizados en una misma semana correspondientes a desembolsos por concepto de
expropiación bajo la modalidad de deuda pública soportado en el acuerdo
transaccional de fecha 06 de marzo de 2020”, apunta.
Ese convenio está firmado entre Rómulo Mota, Juan Tomás
Polanco, Ángel Lockward & Asociados, Rediux Consulting, entre otros y la
Dirección General de Bienes Nacionales en la persona del fallecido, Emilio
Rivas en representación del Estado Dominicano”, apunta la investigación de la
periodista.
Según la investigación, los pagos fueron relativos a una
porción de terreno de un millón 655 mil 921 metros cuadrados, ubicada dentro de
la Parcela número diez, del distrito catastral 10/1 del municipio de Higüey
correspondiente a una parte de los derechos expropiados a los sucesores de
Jorge Mota mediante un decreto del 1975, es decir hace 47 años.
El referido acuerdo fue firmado por una parte de los
sucesores de Mota, a pesar de que en el referido documento, Bienes Nacionales
reconoce que no todos los copropietarios estaban en el acuerdo.
Fuente: El Caribe
