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Investigan pagos irregulares que ascienden a los 12 mil millones de pesos

Editorial

 


Nacional | Justicia

La Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (Pepca) está investigando el pago irregular de más de 12 mil millones de pesos entre febrero y julio del 2020, que se habría efectuado en un entramado de corrupción encabezada por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

La red involucró otras instituciones del Estado, como la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Catastro Nacional, la Tesorería Nacional, la Contraloría General de la República y la Jurisdicción Inmobiliaria.

Según datos revelados por la periodista Julissa Céspedes en su programa “Reporte Especial” que se difunde los domingos por CDN a las 9:00 pm, lo que dio pie a la investigación de las autoridades de la Procuraduría fue un informe realizado por la Unidad Antifraude de la Controlaría General de la República, en la actual gestión de gobierno.

Conforme la investigación, el entramado de corrupción para sustraer bienes públicos se produjo a través de la expropiación de terrenos del Estado.

“La unidad Antifraude establece en el documento que fue a través de tres libramientos realizados entre abril y junio del 2020 que el Estado pagó la suma de 505 millones, 81 mil 440 pesos, dos de estos fueron realizados en una misma semana correspondientes a desembolsos por concepto de expropiación bajo la modalidad de deuda pública soportado en el acuerdo transaccional de fecha 06 de marzo de 2020”, apunta.

Ese convenio está firmado entre Rómulo Mota, Juan Tomás Polanco, Ángel Lockward & Asociados, Rediux Consulting, entre otros y la Dirección General de Bienes Nacionales en la persona del fallecido, Emilio Rivas en representación del Estado Dominicano”, apunta la investigación de la periodista.

Según la investigación, los pagos fueron relativos a una porción de terreno de un millón 655 mil 921 metros cuadrados, ubicada dentro de la Parcela número diez, del distrito catastral 10/1 del municipio de Higüey correspondiente a una parte de los derechos expropiados a los sucesores de Jorge Mota mediante un decreto del 1975, es decir hace 47 años.

El referido acuerdo fue firmado por una parte de los sucesores de Mota, a pesar de que en el referido documento, Bienes Nacionales reconoce que no todos los copropietarios estaban en el acuerdo.

Fuente: El Caribe