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Fue en atención a una denuncia querella depositada en el 2020 por la organización cívica Sed de Justicia que el Ministerio Público inició la investigación contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, la cual concluyó con su apresamiento y sometimiento a la justicia junto a otros 18 imputados.
La denuncia querella fue depositada en el 25 de agosto de 2020 por dicha organización, a través del abogado Luis Aybar, por el supuesto manejo irregular de RD$19,000 millones.
La acción fue encabezada por el empresario financista Franc Rosario y el abogado Luis Aybar ante la Procuraduría General de la República.
Rosario y Aybar dijeron entonces que basan sus argumentos en las documentaciones oficiales del propio Ministerio de Obras Públicas que dirigió Castillo y las conclusiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre tal expediente.
El documento presentado por Sed de Justicia establece que el 19 de diciembre del 2019 en el programa de televisión El Informe se reveló que en Ministerio de Obras Publicas bajo la gestión de Castillo había otorgado 39 contratos grado a grado a compañías previamente elegidas por él, a las que compró más de RD$11,500 millones de pesos el hormigón asfaltico caliente, “sólo en el periodo abril-septiembre de 2019”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó anoche ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar, los cuales son acusados de ser parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
Al depositar el expediente, la Coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
La coordinadora de la Pepca detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Ortiz señaló que el Ministerio Público está listo para conocer la medida cuando el tribunal fije la audiencia.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Fuente: El Nacional
