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El Gobierno de la República Dominicana advirtió a través de una carta enviada a los medios nacionales, que la intención de Donald Guerrero al contratar al lobista Connie Mack IV tiene el "objetivo expreso de atacar de manera directa a la figura del presidente de la República, Luis Abinader".
Esa estrategia de ataques, indica Palacio, incluye también "a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso", según el vocero de presidencia, Homero Figueroa, la acción de Guerrero tiene el objetivo de atacar directamente al presidente Luis Abinader.
El exministro Donald Guerrero es uno de los principales imputados de la Operación Calamar, y cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la supuesta red de corrupción administrativa.
La carta escrita por Homero Figueroa, vocero del presidente de la República, señala que "el Gobierno dominicano tenía conocimiento previo de los detalles de esta contratación internacional y, además, de la existencia de una campaña de ataques ejecutada desde diferentes plataformas de información a nivel local, con el mismo objetivo de desacreditar al Presidente de la República y al Ministerio Público".
De acuerdo con el Gobierno dominicano, Guerrero habría invertido unos US$55 mil solo en la firma internacional del lobista.
"Rechazamos enfáticamente estas acciones destinadas a socavar la credibilidad y la integridad de las instituciones democráticas de nuestro país ", destacó Homero Figueroa,
Además, expresó que el gobierno dominicano "rechaza enfáticamente estas acciones destinadas a socavar la credibilidad y la integridad de las instituciones democráticas de nuestro país", según la misiva.
Figueroa considera que la contratación como un intento de "manipular la opinión pública y desestabilizar el orden institucional (que) debe ser tratado con seriedad y transparencia".
El principal acusado en la investigación del Ministerio Público denominada Operación Calamar, contrató a una empresa estadounidense Liberty International Group LLC, del excongresista republicano Connie Mack.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público denominado Operación Calamar, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en la supuesta estructura de corrupción.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, en los que, según el Ministerio Público, detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones; es decir, se trata de un entramado de corrupción.
Recientemente, el abogado Vinicio Castillo Semán denunció en sus redes sociales que el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, contrató los servicios de la firma de lobistas DCI Group, con sede en Washington DC, Estados Unidos, con el objetivo de influenciar al gobierno norteamericano para que solicite a las autoridades dominicanas su liberación.
Fuente: Homero Figueroa Carta, Diario Libre
