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La Defensa de Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría General de la República envía noticias falsas a los medios de comunicación, como lo es la supuesta sanción de la Agencia Española al país por presuntos actos ilícitos del exprocurador.
“Enviaron a los medios de comunicación noticias de una inexistente sanción de la Agencia de Cooperación Española por una sobrevaluación de equipos antropológicos del Inacif, a pesar de que la empresa Suplidora Médica del Caribe, S.R.L., representada por la señora Ana Sención, les confirmó al mismo Ministerio Público que no existía sobrevaluación y por esto no fue acusada ni ella ni su empresa, ni existe sanción de la prestigiosa agencia internacional”, explicaron.
El litigante Carlos Balcácer expresó que “la Procuraduría, nerviosa y sin norte fijo, está desbordando alocadamente los medios de comunicación, despachando noticias falsas que forman parte de la vengativa e insostenible acusación que no deberían estar presentándola en las gradas periodísticas a través de un circo mediático que procura congraciarse con sus jefes del Palacio Nacional”.
Asimismo, señalaron que el exprocurador no tiene un apartamento ubicado en el sector Naco.
Enfatizó que el supuesto apartamento que han difundido como noticia, “nunca fue propiedad de Jean Alain Rodríguez: la ausencia de un título, un contrato, un recibo de pago, un testigo, ni nada parecido figura en la acusación, excepto una manipulada entrevista de una persona que le vendió formalmente un solar destinado a parqueos a la Procuraduría en 18 millones de pesos y el cual la Fiscalía del Distrito Nacional dispone su entero uso y concluyeron que hablar del testaferro es algo demencial.
En tanto que Gustavo Biaggi y Nelys Rivas manifestaron que esto “debería avergonzar al órgano persecutor compuesto de tanta gente supuestamente capacitada y no prestarse a este juego del populismo punitivo”.
“Si alguien hubiera sobrevaluado un solo equipo, como es el también caso promovido en prensa sobre instrumentos antropológicos del Inacif, la Procuraduría hubiera sometido a la justicia al natural suplidor del momento, que según ellos, sobrevaluó dichos equipos, pero no lo hacen porque tienen pleno conocimiento de que la compra de esos equipos cumplió con todo su proceso conforme la ley de compras, que Jean Alain Rodríguez no participó en el mismo, que no conoce a esa empresa y que su representante, la señora Ana Rosa Sención, al ser entrevistada, desmintió categóricamente la sobrevaluación y les demostró que sus equipos eran distintos y superiores a los que ellos habían presentado como comparativo encontrados en páginas informales vía internet. Por igual, no existe constancia de queja o sanción de la Agencia de Cooperación Española por esa compra, quienes al contrario, han continuado con la cooperación de forma regular con la institución como pueden verlo en la misma página de la PGR”, señalaron.
La información que circuló en los medios de comunicación fue que los recursos otorgados por la Agencia Española para el Desarrollo (AECID), a fin de fortalecer la eficacia de la investigación criminal en la República Dominicana, fueron presuntamente sustraídos por los exfuncionarios de la institución de persecución del Estado y tuvo como consecuencia sanciones internacionales para el país.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las prácticas corruptas en la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez provocaron el “retiro de la cooperación y el descrédito”.
En el expediente se detallan las alegadas irregularidades de la contratación de una empresa que sobrevaloró “cuatro veces por encima del valor comparable con la cotización internacional” de unos equipos comprados para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
¿Qué es el caso Medusa?
Jean Alain Rodríguez Sánchez junto a los demás encartados del caso Medusa malversaron más de dos mil millones de pesos, en pago a proveedores de alimentos para los recintos penitenciarios en sus dos modalidades, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, que resultaron adjudicatarios de manera fraudulenta al margen de un proceso de compras bajo los rigores legales que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
La Pepca explica que los acusados se apropiaron indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.
Entre las diversas maniobras fraudulentas empleadas por la coalición de funcionarios dirigidos por el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez está la Constitución o adquisición de compañías de carpetas para licitar única y exclusivamente en la Procuraduría General de República, así como el simulacro de procesos de compras que conllevaron la elaboración de actasfalseadas por un comité de compras falso que nunca se reunió ni cumplió con los rigores mínimos establecidos en la ley, fundamentados en informes apócrifos de peritos que no eran peritos, sino personas escogidas por el entramado formado por los acusados, en las escasas e irregulares actas del comité de compras que pudieron ser rastreadas.
Fuente: N Digital, La Nación, El Día
