Nacional I RD
La Procuraduría General de la República informó ayer sobre el desmantelamiento de una red corrupta en la Operación Gavilán. Según las autoridades, "al menos siete fiscales" se encuentran involucrados en esta red, la cual también incluye empleados administrativos y policías de la institución. Durante años, estos individuos se dedicaron a eliminar antecedentes penales de procesados por diversos crímenes a cambio de sobornos.
Aunque todavía no se han revelado todos los nombres de los fiscales implicados, se solicitará la designación de un juez especial para cada uno, según las jurisdicciones correspondientes. Los procuradores generales de las cortes tendrán asignado un juez de la Suprema Corte de Justicia, como lo establece el artículo 154 de la Constitución. Mientras tanto, el artículo 159 faculta a las cortes de apelación para llevar los procesos penales a los procuradores fiscales.
La madrugada anterior, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo a la Oficina Nacional de Atención Permanente del Distrito Nacional para una docena de apresados. Cuatro de ellos son fiscales de la Fiscalía de Santiago, según reveló su titular, Osvaldo Bonilla.
Los nombres de algunos de los implicados son Mártires Rosario Reyes, encargado del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría General; Rubén Darío Morbán Santana, a cargo de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. También están involucrados Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, junto con otros coimputados, como Yokaira Elizabeth Carmona, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el policía Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Las medidas de coerción para estos apresados se conocerán a las 10:00 a. m. de hoy.
Además, se investiga si en la provincia de Santiago se eliminó la ficha a Joel Ambiorix Pimentel García, conocido como "la J", quien es señalado como el responsable de amenazar a la procuradora general, Miriam Germán Brito.
Según el documento de solicitud de medidas de coerción, esta red corrupta afectó hasta ocho mil fichas de delincuentes, algunas de las cuales fueron eliminadas y otras adulteradas. Aunque el esquema fraudulento comenzó antes, las autoridades iniciaron su investigación a partir de marzo del 2022.
Fuente: Diario Libre, Listin
