Nacional I Salud
En diciembre pasado, Waldo Ariel Suero asumió por sexta vez la presidencia del Colegio Médico, y ya está enfrentando su primer conflicto con el sistema. Este desacuerdo gira en torno a la resolución 584 del Consejo Nacional de Seguridad Social, aprobada el 15 de este mes, que establece infracciones y sanciones al Seguro Familiar de Salud (SFS) y al Seguro de Riesgos Laborales (SRL).
Según Suero, el Colegio Médico está preparando un recurso para presentar al CNSS, solicitando una reconsideración de lo establecido en la resolución. Argumenta que los médicos no tuvieron representación en la Comisión de Reglamentos del CNSS que redactó la resolución, ni participaron en las vistas públicas para su discusión. Además, señala que emitieron un voto disidente durante la aprobación de la misma.
Los médicos alegan que las disposiciones de la resolución parecen estar sesgadas a favor de las ARS y la Idoppril, sin considerar suficientemente sus intereses. Por ejemplo, destacan que, de las 37 infracciones contempladas para las ARS y la Idoppril, solo 6 son catalogadas como graves, mientras que para las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), se contabilizan 9 infracciones graves de un total de 28.
Además, expresan preocupación por la posibilidad de que la Idoppril pueda imponer sanciones a los médicos sin especificar el destino de los fondos recaudados.
En cuanto a las multas, estas pueden oscilar desde 50 salarios mínimos en el caso de infracciones leves hasta 300 salarios mínimos para las graves, lo que podría significar sanciones monetarias considerables. Sin embargo, también se señala que algunas infracciones podrían considerarse como delitos penales según la Ley General de Salud.
Entre los ejemplos de infracciones graves se incluye la negativa de las ARS a proporcionar cobertura de servicios de salud contemplados en los planes, así como el retraso en el pago de honorarios médicos. Para los PSS, se considera grave negarse a brindar servicios de salud sin justificación, o retener documentos como garantía de pago por servicios médicos.
Este desacuerdo plantea importantes interrogantes sobre el equilibrio entre los diferentes actores del sistema de salud en República Dominicana y la necesidad de una regulación justa y equitativa para todos.
