Nacional I Justicia
Durante el juicio preliminar de la Operación Medusa, llevado a cabo este martes, seis individuos y una empresa reconocieron su culpabilidad ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, lo que complica aún más la situación para el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien es el principal implicado en el caso de corrupción administrativa.
Entre los imputados que admitieron su culpabilidad se encuentran Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la empresa Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel; los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz; Fausto José Cáceres Santerio; Francisco Arturo Santos Gómez; y la empresa La Parasata Mercantil. Cada uno de ellos llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para colaborar con el proceso judicial.
Por su parte, el Consejo de Defensa del imputado Jean Alain Rodríguez ha calificado estos acuerdos como "extorsión y deslealtad procesal", argumentando que los involucrados fueron forzados a declararse culpables mediante estos acuerdos.
Tras estos acuerdos, el Ministerio Público modificó sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz, Francisco Alberto Vásquez Féliz y Santos Gómez, solicitando una pena de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida. Además, se establecieron una serie de condiciones para su cumplimiento, como residir en un lugar determinado, notificar cualquier cambio de domicilio, abstenerse de viajar al extranjero sin previa autorización judicial, y no poseer armas de fuego, entre otras.
La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que se han realizado acuerdos plenos y parciales con los imputados, y que se espera que estos casos sean examinados durante el juicio.
En cuanto a las empresas involucradas, se han solicitado multas y decomisos de bienes como parte de las sanciones propuestas por el Ministerio Público. La razón social Divamor Group SRL y la entidad comercial Rogama SRL enfrentan demandas para el pago de multas y el decomiso de activos, incluyendo propiedades inmobiliarias.
