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La reciente integración de exmilitares y exfuncionarios cuestionados a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo reabre el debate sobre su coherencia ideológica y su discurso de cambio.
La Fuerza del Pueblo (FP), encabezada por Leonel Fernández, generó controversia tras incorporar a su Dirección Política a un grupo de figuras con historial de gestión pública marcado por polémicas y denuncias. Lo que se presentó como una estrategia de fortalecimiento interno rumbo a próximos procesos electorales se percibe como una decisión de alto costo reputacional, al incluir nombres vinculados a la era de mano dura y a episodios de presunta corrupción estatal. Analistas advierten que esta movida puede reavivar percepciones de autoritarismo y clientelismo, alejando a sectores jóvenes y moderados que habían visto en la FP una opción de renovación democrática.
Entre los perfiles más discutidos figuran Pedro de Jesús Candelier, exdirector de la Policía Nacional (1999-2003), y José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas. Ambos fueron protagonistas de episodios controvertidos: Candelier fue señalado por Amnistía Internacional y la CIDH por presuntos abusos de fuerza y ejecuciones extrajudiciales, mientras Soto Jiménez aparece como testigo en el caso de los aviones Súper Tucano, investigación internacional sobre sobornos en la compra de equipos militares. Su inclusión ha sido interpretada como un giro hacia la militarización del liderazgo político en un partido que busca proyectarse como civil y reformista.
Hoy deseo felicitar a mis dos compañeros de partido, los generales (r) @sotojimenezv y Pedro Candelier Tejada por ser incluidos como miembros de la Dirección Política, por recomendación de la Comisión Especial de Consenso.
— Guzmán Fermín (@GuzmanFermin1) November 6, 2025
Seguiremos unidos, junto a nuestro líder, Dr.… pic.twitter.com/VrEw3ZbqF9
También fueron sumados Enrique Martínez, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Manuel Güichardo, exsenador por Valverde. Martínez arrastra cuestionamientos por irregularidades administrativas y conflictos por tierras estatales durante su paso por el CEA, mientras Güichardo protagonizó un incidente en 2016 en la Junta Electoral de Laguna Salada, donde fue acusado de agresiones verbales y físicas. A este bloque se añade José Rafael Vargas, exsenador y expresidente del INDOTEL, cuyo perfil técnico ofrece equilibrio, aunque persisten señalamientos antiguos por manejo de recursos en esa institución.
Internamente, fuentes del partido admiten incomodidad entre los cuadros civiles por la presencia de este grupo de exfuncionarios militares, que consideran “invasiva” y ajena al discurso progresista que intenta sostener la FP. En un escenario donde la oposición necesita cohesión y credibilidad para competir con el PRM, la integración de figuras asociadas al pasado podría debilitar la narrativa de cambio. En lugar de sumar, advierten observadores, la Fuerza del Pueblo arriesga su identidad política al abrazar rostros que evocan prácticas y estilos de gobierno que el propio partido había prometido superar.
Fuente: Listín Diario
#FPComunica |#FuerzaDelPueblo juramenta su nueva Dirección Política y convoca marcha para el 30 de noviembre
— @Fuerza del Pueblo (FP) (@FPcomunica) November 4, 2025
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