Caso Cobra: tribunal impone prisión preventiva y Abinader reafirma política de “caiga quien caiga”
El proceso judicial por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud fue declarado complejo, con medidas de coerción severas contra diez imputados, mientras el presidente Luis Abinader reiteró que su Gobierno no protege a nadie y respeta la independencia del Ministerio Público.
Un caso que pone a prueba al sistema institucional
La decisión del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el denominado Caso Cobra marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana. El tribunal impuso medidas de coerción contra diez imputados, incluyendo prisión preventiva, arresto domiciliario, incautación de bienes y la declaratoria de proceso complejo, ampliando así los plazos de investigación por un presunto entramado de corrupción, estafa al Estado, soborno y lavado de activos dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La magnitud del caso, tanto por los cargos como por los perfiles involucrados, vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia y sin privilegios, en un contexto donde la rendición de cuentas se ha convertido en una demanda central de la sociedad.
Prisión preventiva para siete imputados
El tribunal ordenó 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo contra siete de los imputados, señalados como piezas clave del entramado investigado. Entre ellos figura Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, junto a Gustavo Messina Cruz, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, esta última enviada a Najayo Mujeres.
Según el tribunal, las medidas buscan garantizar la presencia de los imputados en el proceso y evitar riesgos de obstrucción de la investigación, dada la complejidad y el alcance de los hechos imputados.
Arresto domiciliario, garantías económicas y bienes incautados
Otros tres imputados recibieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país, con garantías económicas impuestas en dos de los casos. Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo deberán presentar una garantía de RD$1,000,000 cada una, mientras que Eduardo Read Estrella cumplirá arresto domiciliario sin garantía económica.
Además, el tribunal ordenó medidas reales sobre cinco inmuebles presuntamente vinculados a la investigación, como parte de las acciones para asegurar posibles responsabilidades patrimoniales derivadas del proceso penal.
Plazos procesales y seguimiento judicial
Con la declaratoria de proceso complejo, el Ministerio Público contará con un plazo de ocho meses para presentar acusación formal. Los imputados bajo arresto domiciliario disponen de siete días para cumplir con las garantías impuestas, mientras que la revisión obligatoria de las medidas fue fijada para el 11 de marzo de 2025.
Estos plazos reflejan la magnitud del expediente y la necesidad de profundizar en una investigación que involucra múltiples actores, contratos y operaciones financieras de alto impacto para el Estado.
Abinader fija posición: “Yo tengo amigos, pero no cómplices”
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Luis Abinader reiteró su postura de respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y de los tribunales, subrayando que su Gobierno no interfiere en procesos judiciales ni protege a personas vinculadas a su entorno.
El mandatario fue enfático al afirmar “caiga quien caiga” y recordar que “yo tengo amigos, pero no cómplices”, dejando claro que cualquier persona deberá responder ante la justicia si se comprueba su participación en hechos que lesionen los intereses del Estado.
Abinader también llamó a la ciudadanía a permitir que las instituciones actúen sin presiones, asegurando que la única expectativa del Poder Ejecutivo es que la verdad prevalezca y que la justicia opere con apego a la ley y sin privilegios.
Un mensaje institucional en la lucha contra la corrupción
El desarrollo del Caso Cobra y la reacción del presidente refuerzan la narrativa institucional de una política anticorrupción basada en la autonomía del Ministerio Público, el debido proceso y la ausencia de interferencias políticas. Más allá del desenlace judicial, el caso se perfila como una prueba clave para medir la solidez del Estado de derecho y la credibilidad de las instituciones encargadas de perseguir los delitos contra el patrimonio público.
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