Política | Congreso
Apenas a dos días de cerrar la actual legislatura, sin visos de una prolongación, dos temas marcan la agenda del Congreso Nacional, con proyectos importantes que podrían ser aprobados a más tardar el miércoles o serían dejados sobre la mesa y que se apruebe en un próximo período legislativo.
Se trata de la Ley de Régimen Electoral, la cual ya fue aprobada por el Senado de la República, y la Ley de Fideicomiso Pública, cuyo proyecto ha generado controversia y se está discutiendo en al comisión bicameral del Poder Legislativo.
En el caso de la Ley de Régimen Electoral, que fue aprobada por la Cámara Alta, encontró cierta resistencia por parte del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Romá Jáquez, ya que la misma no redujo el tope al financiamiento en la campaña electoral, lo que podría desembocar en lavado de dinero.
Mientras que en el caso de la Ley de Fideicomiso, la oposición política ha denunciado que el Congreso, de mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pretende vender los patrimonios del Estado, en vez de arrendar los distintos terrenos que están disponibles.
Ley de Régimen Electoral:
Esta normativa de régimen elecotal tiene la finalidad de regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles; el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; y el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de comicios.
El proyecto tiene el propósito de crear un sistema de administración, control y mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio, así como su destinación final a los casos en que se disponga su decomiso o se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva.
Ley de Fideicomiso
Otra de los proyectos de leyes que dieron mucho de que hablar fue la modificación de Ley de Fideicomiso, cuya cabeza principal es Nené López.
Esta normativa tiene la finalidad de regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles; el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; y el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de comicios.
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