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La jueza Yaninet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó esta tarde apertura a juicio para todos los policías y militares, algunos con sus familiares, acusados en Operación Coral, un entramado de corrupción y supuesto lavado de activos para enriquecerse.
Entre los acusados destacan: los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Róbiou, respectivamente, y los demás imputados que se citarán en el párrafo siguiente, así como a las empresas.
A continuación todos los acusados de Coral enviados a juicio:
- Mayor general Adán Cáceres Silvestre
- General Boanerges Reyes Batista
- Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz
- Élida María Trinidad Santiago
- Manauel de Jesús Alba
- General retirado Epifanio Peña Lebrón
- Teniente coronel Erasmo Roger Pérez
- Erick Daniel Pereira
- Exgerente de Banreservas Esmeralda Ortega Polanco
- Capitán Franklin Mata Flores
- Guillermo Torres Robiou
- Jehohanan Rodríguez Jiménez
- Mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón
- General de la FARD Juan Carlos Torres Robiou
- General Julio de los Santos Viola
- Kelman Santana
- Lucía de los Santos Viola
- Manuel Alba Solano
- Coronel de la FARD Miguel Ventura Pichardo
- Onoris Soto de los Santos
- Capitán Pedro Castillo Nolasco
- Coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza
- Mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón
- Pastora Rossy Guzmán
- Santiago Antonio Suárez
- Cabo de la Policía Tanner Flete Guzmán
- Coronel Yehudy Guzmán Alcántara
- Raymel Del Rosario Viola
- Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz
La acusada Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también acusada en este caso, su imputación se conoce a parte por su situación de salud. No obstante, las audiencias han sido aplazadas en varias ocasiones porque Disla manda certificados médicos en los que da constancia de que no puede asistir, por lo que no se ha ejercido una medida de coerción en su contra.
Por otra parte, al acusado Alejandro José Monteros, la jueza decidió que Presidencia de la Cámara Penal escoja el tribunal que conocerá su caso debido a que se le señala por el porte de armas de manera ilegal, delito diferente a los que se les atribuye a los demás vinculados en la estafa de más de 4,500 millones de pesos al Estado y que se les dictó apertura a juicio para implementarle una medida de coerción.
A los implicados se les acusa de la distracción de fondos públicos, desde 2012 al 2020, con compras de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policias y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en las manos de la red.
Fuente: Diario Libre, Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional
