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El Ministerio Público de la República Dominicana se encuentra investigando a siete fiscales en el marco de la Operación Gavilán, una operación que ha logrado desmantelar una extensa red conformada por empleados administrativos y policías. Durante años, esta red operó a nivel nacional y se dedicó a eliminar antecedentes penales de procesados por diversos delitos a cambio de sobornos.
Para llevar a cabo la persecución penal contra los servidores del sistema de justicia implicados, el órgano persecutor tiene previsto solicitar la designación de un juez especial ante las jurisdicciones correspondientes. Además, se ha iniciado un debido proceso disciplinario bajo la supervisión de la Inspectoría General.
La madrugada del jueves, el Ministerio Público presentó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional una solicitud de medida de coerción contra 12 personas arrestadas en el marco de esta investigación.
Los fiscales a cargo de la operación han solicitado la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra varios implicados, entre ellos Mártires Rosario Reyes, quien desempeñaba un papel relevante en el sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República. También están involucrados Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva, así como otros empleados de la Procuraduría y personas relacionadas con la red.
La operación contra esta red criminal contó con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en diversos allanamientos realizados en distintas zonas del país.
Se ha descubierto que la red se dedicaba al borrado de antecedentes penales, beneficiando a delincuentes de diversos tipos, como sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, y otros imputados por crímenes graves. Esta acción permitió que personas con condenas de hasta 30 años aparecieran sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Entre los beneficiados por la red se encuentran individuos vinculados a la Operación Halcón IV y otros casos de crimen organizado.
Los implicados en este caso enfrentan cargos por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, entre otros delitos tipificados en el Código Penal Dominicano y otras leyes relevantes. La gravedad de estos crímenes ha llevado al Ministerio Público a actuar con contundencia en la persecución de la justicia y en la depuración del sistema judicial.
Fuente: Ministerio Público
