El Ministerio Público ha delineado un esquema de corrupción sin precedentes, describiéndolo como un "holding criminal" diseñado para despojar al Estado dominicano de la asombrosa suma de RD$41,185,964,839.76 durante el mandato del expresidente Danilo Medina. Este elaborado plan incluyó pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y sobornos destinados a la campaña política del 2020.
Encabezado por Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y respaldado por los "brazos ejecutores" José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, junto con otros 31 imputados y 12 empresas, el Ministerio Público ha detallado en una acusación de 3,662 páginas una sofisticada red de lavado de activos y corrupción.
Según las autoridades, este grupo se aprovechó de su conocimiento interno sobre los procedimientos gubernamentales para perpetrar una serie de delitos en beneficio propio. Se falsificaron documentos, se presionó a proveedores y se adulteraron firmas de funcionarios y empresarios del sector privado.
Entre las acusaciones, se destaca que el exministro Donald Guerrero incluyó fraudulentamente a su empresa, Intercaribe Mercantil, representada por su hijo, en el Programa de Créditos de Contratistas y Suplidores del Estado, entre otras empresas, resultando en desembolsos por RD$20,904,831,250.65.
El empresario José Miguel González también figura en el expediente, investigado por asociarse con Guerrero para apoderarse del negocio de importación y venta de asfalto, desplazando a Mustafá Abu Naba´a.
En lo que respecta a las expropiaciones de terrenos y reconocimientos de deudas, el Ministerio Público describe una maquinaria delictiva que manipuló procesos judiciales y administrativos para beneficiar a los involucrados, incluso falsificando documentos para excluir herederos legítimos.
Además, se estableció un programa de cobro ilegal de mensualidades en bancas de lotería, deportivas y colmados con máquinas tragamonedas, así como un esquema de soborno entre funcionarios para desviar fondos estatales a través de acuerdos de reconocimiento de deudas con contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), por trabajos que en muchos casos ni siquiera se realizaron.
En total, el desfalco relacionado con expropiaciones y reconocimientos de deudas alcanzó la alarmante cifra de RD$20,281,133,589.
El Ministerio Público ha dejado claro que este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país y que buscará llevar a todos los responsables ante la justicia para rendir cuentas por sus acciones.
