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República Dominicana
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), juez Henry Molina, presentó este jueves ante las comisiones de Justicia del Congreso Nacional un balance detallado de los logros alcanzados por el Poder Judicial durante el periodo 2019-2024, destacando avances significativos en la reducción de la mora judicial, el acceso a los servicios y la transparencia institucional.
El juez Molina calificó este encuentro como un hecho histórico y una manifestación tangible del principio republicano que promueve la cooperación y diálogo entre los poderes del Estado para atender eficazmente las demandas ciudadanas.
En materia de reducción de la mora, el magistrado informó que el programa “Cero Mora” resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes pendientes anteriores a 2023. Además, la Segunda Sala de la SCJ alcanzó, a finales de 2024, la meta inédita de no mantener casos con antigüedad mayor a seis meses, superando una carga acumulada de 42 años.
Este modelo de gestión se ha replicado en todo el país: para marzo de 2025, el 72% de los tribunales nacionales operan sin mora, reflejando una transformación sustancial en la administración judicial.
Entre las reformas normativas y tecnológicas destacadas, Molina resaltó la implementación de la Ley Núm. 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, junto con la adopción integral del Sistema de Gestión de Casos (SGC). Estas herramientas han facilitado la tramitación electrónica de expedientes y reforzado la transparencia en la gestión judicial.
El presidente de la SCJ puntualizó que, desde 2020, se han firmado digitalmente más de cinco millones de documentos jurisdiccionales y administrativos, alcanzando la digitalización total de los expedientes judiciales.
Asimismo, destacó la realización de audiencias virtuales en tribunales civiles, comerciales, laborales y en el Tribunal Superior Administrativo, en cumplimiento con la legislación vigente. También resaltó la incorporación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, que ha reducido en un 80% el tiempo de elaboración de actas, pasando de cinco a un día, y una disminución del 53% en los tiempos promedio de trámites registrales.
En cuanto a infraestructura, Molina señaló que la inauguración del Palacio de Justicia de Jarabacoa ha acercado los servicios judiciales a más de 57,000 personas, y anticipó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este beneficiará a alrededor de 800,000 ciudadanos. De igual modo, la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste mejorará el acceso a la justicia en esa jurisdicción.
El Poder Judicial también reportó avances en el Registro Inmobiliario, donde se emitieron más de 200,000 títulos de propiedad en cuatro años, incorporando alertas registrales y optimizando la digitalización y automatización de procesos para mejorar la eficiencia y calidad del servicio.
En materia de gobernanza, Molina destacó el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, una plataforma que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Además, resaltó la co-creación del Plan Estratégico Decenal, con la participación de aproximadamente 3,000 actores sociales y la incorporación de 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y disminuir la mora procesal.
En el ámbito internacional, el Poder Judicial dominicano, bajo la Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana a celebrarse en mayo, ha liderado espacios regionales sobre acceso, eficiencia y transparencia, posicionando al país como un referente en la región. También ejerce liderazgo en el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, impulsando agendas sobre justicia abierta, datos abiertos, género y ética judicial.
Durante su exposición, el juez Molina abogó ante el Congreso Nacional por la eliminación de las tasas judiciales como un paso esencial para garantizar el acceso universal a la justicia, proponiendo una nueva legislación que elimine barreras económicas para los ciudadanos.
Adicionalmente, solicitó la aprobación urgente de tres proyectos de ley fundamentales para consolidar la transformación judicial: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley para la optimización de los procesos judiciales y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario. Estas iniciativas buscan modernizar la estructura interna del sistema judicial, simplificar trámites, reducir litigiosidad innecesaria y fortalecer los procesos técnicos registrales para responder eficazmente a las demandas actuales.
Molina enfatizó que el respaldo legislativo es vital para hacer sostenible esta transformación, la cual considera clave para garantizar la seguridad jurídica y fomentar un clima propicio para la inversión y el desarrollo económico nacional.
Fuente: El Nuevo Diario
