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El exministro de Hacienda Donald Guerrero, depositó este lunes junto a su defensa técnica, una Resolución de Peticiones en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante la cual exige que se le entreguen todas las pruebas existentes que hay en su contra.
La defensa solicita a la jueza Patricia Padilla ordenar al Ministerio Público otorgarle el acceso a la carpeta de investigación en contra del imputado ante la previa negativa de la institución.
La Defensa de Guerrero requirieron la entrega de los informes, listados certificaciones y cualquier otra información entregada, en cualquier tipo de soporte material, por las personas que hasta este momento han sido entrevistadas en calidad de testigos o que han sido interrogadas en calidad de investigados o imputados en el marco de la investigación seguida a Guerrero, y cuya copia no haya sido anexada al escrito de solicitud de medida de coerción depositada el 20 de marzo del 2023.
El pasado Abril la jueza dejó sin efecto la audiencia de revisión de medida de coerción impuesta contra los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, vinculados al supuesto entramado de corrupción denominado caso Calamar.
Nueva audiencia se fijó para el próximo primero de septiembre.
Ambos exministros cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, luego de que a principios del pasado mes de abril la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictara dicha medida.
El recurso depositado por el exfuncionario y su defensa será conocido el próximo 31 de julio, a las 9 de la mañana.
Acusan a Donald Guerrero de contratar lobistas en Washington
El abogado Vinicio Castillo Semán denunció en sus redes sociales que el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, contrató los servicios de la firma de lobistas DCI Group, con sede en Washington DC, Estados Unidos, con el objetivo de influenciar al gobierno norteamericano para que solicite a las autoridades dominicanas su liberación.
¿Qué es el caso Calamar?
El grupo de exfuncionarios detenidos estaría relacionado a una red mafiosa que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos. La investigación se inició a principios de 2021, cuando la Pepca arrancó los interrogatorios a Guerrero.
La imputación preliminar del Ministerio Público enumera, de forma inicial, siete delitos de corrupción, todos de gravedad, según el Código Penal dominicano.
A los involucrados se les acusa de asociación en la que presuntamente realizaron desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
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