La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a urgir a los países de la región a abstenerse de realizar deportaciones masivas o forzosas hacia Haití, un país que, según la organización, "claramente no es seguro". Aunque el llamado fue dirigido a todos los países de la zona, se destacó que en febrero se registraron alrededor de 9000 deportaciones forzosas de haitianos hacia su país, de las cuales un 95% se originaron desde la República Dominicana.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, respondió rápidamente a estas acusaciones, afirmando que la política del gobierno dominicano es devolver a Haití a toda persona que se encuentre en situación migratoria irregular en el territorio, alegando "motivos de interés nacional". Álvarez también destacó los esfuerzos de la República Dominicana en proporcionar asistencia a la población haitiana, señalando que el 16% del presupuesto de salud del país se destina a la atención de ciudadanos haitianos, y que un 36% de las camas de maternidad son utilizadas por parturientas haitianas.
Mientras tanto, ante la creciente preocupación por la situación migratoria haitiana, otros países de la región están tomando medidas preventivas. Recientemente, en Bahamas, se detuvo un barco con 107 migrantes haitianos, sumándose a los 370 detenidos en los últimos días. En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha desplegado unos 250 militares de la guardia nacional y estatal, junto con helicópteros, para hacer frente a una "potencial ola de inmigración ilegal desde Haití".
Ante este escenario, el gobierno de Biden está considerando enviar a los migrantes haitianos detenidos al Centro de Inmigrantes de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Este centro, que ha sido utilizado anteriormente para agrupar a indocumentados antes de ser deportados, se diferencia del Centro de Detención de Guantánamo, destinado a terroristas y criminales internacionales de alto perfil.
