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Panamá exige respeto a la independencia judicial tras fallo sobre concesión portuaria
Gobierno defiende decisión de la Corte Suprema y responde a arbitraje de operador hongkonés
Panamá reafirma compromiso con el Estado de derecho
El Gobierno de Panamá solicitó respetar la independencia judicial tras la reciente declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión portuaria otorgado a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison. La Corte Suprema anuló el acuerdo que permitía a PPC operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las inmediaciones del Canal de Panamá.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la decisión judicial responde a un ejercicio legítimo de facultades soberanas conforme a la Constitución y las leyes panameñas. La Cancillería enfatizó que se trata de una resolución estrictamente jurídica, sin motivaciones políticas ni geopolíticas.
Respuesta del Gobierno y acciones tras el fallo
El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó enérgicamente la postura adoptada por PPC y reiteró que Panamá es un Estado de derecho que respeta la independencia del Órgano Judicial.
Tras la anulación del contrato el 29 de enero, el Gobierno anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá de forma temporal la operación de ambos puertos. Esta medida se mantendrá hasta que se realice una nueva licitación abierta y transparente para la concesión.
Arbitraje internacional iniciado por PPC
El 3 de febrero, PPC inició un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París, basado en el contrato de concesión. La empresa argumenta que el Estado panameño ha emprendido una campaña contra PPC y su contrato, causando daños significativos y futuros perjuicios.
Contexto y tensiones geopolíticas
Aunque no mencionado directamente por PPC, el tema ha estado en el foco de tensiones internacionales. El expresidente estadounidense Donald Trump advirtió sobre la posible toma de control del Canal de Panamá debido a la supuesta influencia china, posición que Panamá ha rechazado consistentemente.
Resumen
La anulación del contrato de concesión portuaria a Panama Ports Company ha generado un llamado del Gobierno panameño a respetar la independencia del Poder Judicial. Mientras PPC recurre a un arbitraje internacional, el Estado garantiza la continuidad operativa de los puertos con una gestión temporal y prevé una nueva licitación pública. El caso refleja la complejidad legal y geopolítica en torno a la administración de infraestructuras estratégicas en Panamá.
